En Argentina, hay 1500 comunidades originarias en peligro

Apuesta Exitosa

Cada invierno con las primeras heladas, los pastores de la Lof Suyay Leufu del paraje Los Molles, en Mendoza, bajan de la cordillera arreando las cabras hacia los campos de veranada. La red social habita esas tierras ya hace numerosas generaciones pero no tienen encabezado de propiedad.

Un grupo de hombres de negocios las reclama como propias. En mayo, los mapuches lograron frenar un desalojo ordenado por la Justicia amparándose en la Ley de Emergencia territorial indígena, que suspende los desalojos y establece el relevamiento territorial de bastante más de 1500 comunidades.

La norma vence el 23 de noviembre de 2017. En caso de no ser prorrogada, muchas de esas comunidades quedarían desprotegidas y muchas podrían perder las tierras en las que viven desde tiempos ancestrales.

Una semana atrás, el conflicto con la Lof Suyay Leufu llegó a la tv porteña. A 22 días de la ausentación de Santiago Maldonado a lo largo de la represión de Gendarmería a mapuches en Chubut, el conductor Eduardo Feinmann entrevistó a la empresaria Rosita Aldao, quien acusó a las familias originarias de constituir una “organización armada”. “RAM usurpó hectáreas en Malargüe”, decía el graph, mientras Feinmann acusaba a los mapuches de “terroristas” y “usurpadores”.

La ofensiva mediática quiere vincular a pueblos originarios con organizaciones armadas “extremistas” (como divulgó Clarín en su portada del 28 de agosto), con acusaciones insólitas, como las que afirman que reciben “apoyo logístico de las FARC colombianas y grupos exagerados kurdos de Turquía”.

La demonización de las comunidades nativos es la antesala de la controversia por la prórroga -o no- de la ley de Emergencia Territorial Indígena y prepara el lote para el progreso de las fuerzas de seguridad en territorios que reclaman enormes hombres de negocios como el italiano Luciano Benneton y el de Inglaterra Joe Lewis.

“Argentina tiene un marco realmente bueno desde la Constitución Nacional pero hay una inseguridad jurídica colosal en el reconocimiento del territorio legal para las comunidades indígenas”, ha dicho aCosecha Roja Paola García Rey, directora de Custodia y Promoción de DDHH en Amnistía.

“El indígena violento que quiere ocupar media Argentina no existe. Hay un estigma y una persecución se prolonga, cuestionando la legitimidad del reclamo indígena en general”, añadió.

Una ley de emergencia

La ley 26.160 fue sancionada a objetivos del año 2006 y daba un período de 4 años para relevar los territorios de pueblos originarios en todo el país. La norma fue prorrogada en 2009 y 2013: en estos once años se inició el relevamiento de 759 de las 1532 comunidades identificadas. De esas 759, el Centro Nacional de Asuntos Nativos (INAI) tuvo en cuenta que poseían los relevamientos “culminados” 459 comunidades. En otras palabras: se les reconoce “la ocupación de hoy, clásico y pública”.

Más allá de que la ley no contempla la titularización de las tierras, esa resolución es un paso previo infaltante para seguir en esa dirección. “El relevamiento es un reconocimiento del Estado de que un territorio es habitado por red social. Si la ley no se prorroga, quedan expuestas a probables desalojos”, detalló a Cosecha Roja Luna Miguens, coordinadora del sector de Derechos baratos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El 9 de agosto, el Día En todo el mundo de los Pueblos Originarios, Amnistía En todo el mundo, el CELS y otras 15 organizaciones lanzaron una operación para soliciar al Congreso Nacional que prorrogue la Ley 26.160 hasta noviembre de 2021. “El 60 por ciento de las comunidades registradas por el INAI quedarán a la proviene de no prorrogarse la norma y van a ver trunca su oportunidad de ver relevado su territorio. La finalización de esta ley dejaría a las comunidades sin resguardo frente la oportunidad de ser desalojadas”, sostiene un reporte de Amnistía Internacional.

Vaca Muerta

La disputa entre hombres de negocios y comunidades por las tierras se prolonga durante todo el país. El territorio que la Lof mapuche Campo Maripe habita en Loma Campana, Neuquén, desde 1927, se transformó en un botín empresarial en 2011, cuando YPF-Repsol dió a conocer los deseos de explotar la formación petrolera Vaca Muerta. La red social quedó afuera del relevamiento de la ley 26.160.

En julio de 2013, los mapuches ocuparon dos torres y forzaron la apertura de un canal de diálogo con YPF y el gobierno de Neuquén. La compañía se puso en jaque a comenzar un plan productivo para la red social y la provincia admitió llevar adelante el relevamiento de las tierras. Desde la red social denuncian que ninguno de estos acuerdos se concretó.

Una noche de septiembre de 2016 una caravana de camiones vibradores, martillos de encontronazo y transportes con explosivos ingresaron en el territorio. La compañía Tecpetrol, contratista de YPF-Chevron, pretendía hacer una “exploración sísmica” para comprender el potencial de elementos de esas tierras.

Desde ese momento, la red social sigue en pié resistiendo. En junio del año en curso, Gendarmería se instaló en territorio mapuche con el propósito de asegurar la libre explotación de los pozos petroleros.

La Primavera

La red social qom Potae Napocna Navogoh, popular como “La Primavera”, vive en la región de Laguna Blanca de la Provincia de Formosa antes de la invasión. En 2014, el INAI y el Centro de Comunidades Aborígenes de Formosa han realizado el relevamiento en el contexto de la Ley 26.160. El desarrollo violó el derecho a la consulta y la participación, debido a que no hubo instancia de participación de la red social, y no tuvo presente ni el croquis ni las narrativas donde los nativos describieron los sitios en que desarrollan sus proyectos de vida. Como resultado, la vivienda de 17 familias, entre las que está la del cacique de la red social, Félix Díaz, fueron excluidas del relevamiento.

En los últimos once años, la Ley de Emergencia Territorial Indígena les permitió a los pueblos originarios ponerle un freno a la apropiación empresarial de sus tierras y seguir en el reconocimiento de la posesión de la tierra.

Si antes de noviembre el Congreso no prorroga la norma, bastante más de 1500 comunidades quedarían desprotegidas. La operación que busca acusar a los pueblos pertenecientes a terroristas a lo mejor sea solo el inicio de lo que está por venir.

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