Repudio de Diputados al intento de privatizar Vialidad y el Pami

LEGISLATIVAS | lunes 16 de octubre de 2017


En la última sesión ordinaria del 2017, a través de tres Proyectos de legisladores del Partido Agrario y Social, la Cámara de Representantes de la provincia repudió medidas implementadas por el Gobierno nacional y que perjudican a los sectores vulnerables.
El primero, autoría del diputado Martín Sereno, fue un rechazo a la Resolución 956, comunicada por el titular del Pami, Sergio Cassinotti, donde se constituye a la obra social de los jubilados, como una fundación que será la administradora de los recursos; pero con características del derecho privado, como la falta de controles oficiales o la realización de licitaciones.
En los argumentos del Proyecto aprobado, se recordó que la semana pasada se firmó una “sospechosa transformación en el marco jurídico de la obra social de los jubilados. La nueva resolución creó una Organización No Gubernamental 

-Fundación Pami- con idénticos objetivos, y alcance que el actual. Este tipo de ONG  gambetea por completo los controles estatales y evade la obligación de, por ejemplo, realizar licitaciones públicas y abiertas”.

“El Gobierno nacional se desentiende de la obra social”
El Proyecto explica que la dificultad de crear una Fundación con características parecidas a la Obra Social de los Jubilados, el Pami, es que puede disolverse de un día para el otro, y no se encuentra obligada a prestarle ayuda a una persona determinada; puede ejercer un criterio discrecional para utilizar sus fondos y no debe garantizar las prestaciones universales como ocurre ahora.
Al no integrar la Fundación Pami a los cuadros de la Administración Central, podría ocurrir que en algún momento la entidad cortara sus servicios o presentara quiebra,  y el Gobierno no tendría responsabilidad, incluso desentenderse sin consecuencias jurídicas.
“Cuando se transforma el organismo en una forma jurídica propia del derecho privado, se evitan los controles estatales, se manejan métodos de compra directa y se abre la posibilidad de recibir donaciones”, expresa la iniciativa aprobada por la mayoría de los legisladores, no así por los del Bloque de Cambiemos.

Privatización encubierta que afecta a trabajadores viales
Por otro lado y en la misma sesión, se aprobó otro Proyecto presentado por Martín Sereno, candidato a diputado nacional, repudiando la “privatización encubierta” de Vialidad Nacional.
“En el Día del Trabajador Vial, como si se tratara de una broma de mal gusto, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 794/2017, a través del cual la Sociedad Corredores Viales SA asumirá las funciones de Vialidad Nacional, que estará compuesta por un 51% de capital accionario por el Ministerio de Transporte, y el 49% por la Dirección Nacional de Vialidad, y permitiendo la incorporación de socios de carácter privado que puedan ganar espacio en dicha sociedad.
La privatización encubierta de esta Dependencia Nacional afecta seriamente a los trabajadores viales de todo el país, y los que dependen del Distrito Misiones no están exentos. Es que, según el decreto referido, todos ellos pueden ser transferidos a la nueva sociedad, perdiendo derechos laborales adquiridos, y poniendo en riesgo la bien ganada estabilidad que les asegura el régimen de contrataciones del Estado”, remarcó Sereno.

Misiones perdería tres mil millones de pesos que recibe anualmente
En el mismo sentido, el diputado y candidato al Senador, Héctor “Cacho” Bárbaro, presentó un Proyecto aprobado por mayoría, y en el que repudia enérgicamente al reclamo judicial promovido por la provincia de Buenos Aires, a través de su gobernadora María Eugenia Vidal, para la posible recomposición del Fondo del Conurbano Bonaerense, y la eventual afectación de la coparticipación misionera. Esto se deriva de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contrario a los intereses de las provincias.
El Proyecto expresa que el Ejecutivo bonaerense presentó una demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, por considerar inconstitucional el tope de 650 millones de pesos de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, destinado a la Provincia de Buenos Aires. 

El tope fue establecido por la Ley 24.621, sancionada el 27 de diciembre de 1995, y promulgada en enero de 1996, que además ordenó que el excedente de la recaudación fuera repartido entre el resto de las provincias (con excepción de la Ciudad de Buenos Aires) de acuerdo con los coeficientes de la Ley de Coparticipación.
La presentación judicial podría significar un resarcimiento de 300 mil millones de pesos que surgen del reclamo por el retroactivo de los recursos no recibidos entre 2011 y 2015, lo que afectaría en forma directa al resto de las provincias argentinas. En el caso de Misiones, se encuentra en peligro de perder tres mil millones de pesos que recibe anualmente por este reparto del excedente”, expresa.

“González no considera excesos que Macri privatice la educación y la salud”
Los tres repudios presentados por los diputados del PAyS fueron aprobados por mayoría, sin el acompañamiento de Cambiemos.
En este sentido, diputado Gustavo González quién explicó las razones por las que su Bloque de la UCR, no acompañaba los proyectos: No vamos a acompañar ese Proyecto, porque nos parece un exceso que la Cámara de Representantes repudie el accionar de la Gobernadora de una provincia, y además es inoportuno”, cuestionó el radical.
No demoró en responderle el candidato a diputado, Martín Sereno, enfatizando que “cuando González habla de excesos, se olvida que el Gobierno de Macri con un intento de privatizar la educación, separa el nivel de educación para ricos y pobres, eso es un exceso. Otro exceso es la denominada Cobertura Universal en Salud, que ahora dicen que van a cubrir a 15 millones de personas; pero esas personas ya tienen cobertura desde hace muchísimos años”.

Cataratas de ejemplos de los excesos de Macri

Sereno aseveró: “Exceso es lo que pretenden hacer con la Fundación Pami que va a esquivar todos los controles, o la privatización encubierta de la Dirección Nacional de Vialidad. Exceso es que los familiares de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional hayan blanqueado millones de pesos a pesar de que el Congreso dijo que no es legal, o que los 900 millones de pesos de los tabacaleros estén guardados en Buenos Aires y no lleguen a la provincia hambreando a los productores”.
Sereno también calificó de “exceso lo que hizo Cambiemos con Gustavo Souza, de 71 años: Pami no le dio los remedios, el hombre recurrió a la Justicia; pero la obra social apeló, finalmente esta semana se murió. Eso es un exceso, González”, reiteró el diputado, con una catarata de ejemplos que solidificaron la posición del Bloque del PAyS, y que se aprobó con el acompañamiento de sus pares, menos los radicales y el Pro.