Puerto Esperanza: Fuerza policial intentó desalojar a 45 familias

INJUSTICIAS, RECLAMO | jueves 23 de marzo de 2017


Las familias del Paraje Sarandí 2 de Febrero, del Municipio de Esperanza, se vieron nuevamente presionadas y amenazadas para que desalojen sus chacras, por una fuerza policial de 22 efectivos, incluyendo personal de operaciones especiales. 

Se logró frenar el desalojo ante la intervención del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Partido Agrario y Social, y el Movimiento Evita Misiones, quienes presentaron a la Justicia el reconocimiento e inscripción de los campesinos, en el Registro de Poseedores de la Provincia, por lo que solicitaron la suspensión de las medidas, amparados en la Ley XII Nº 32 de Suspensión de Desalojos, al verificar que se trata de una posesión única y destinada al sustento familiar. 

Así lo denunciaron el dirigente del MNCI, Jorge Páez, junto al diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, y secretario general del Movimiento Evita Misiones, quienes señalaron que, en una actuación sin notificación previa, se presentaron los agentes junto al encargado de la empresa, Juan Carlos Ribeiro, que desde hace tiempo denuncia, amenaza y hostiga, con todo tipo de agresiones a las familias campesinas. 

Relevamiento sanitario de las familias

“Este siniestro personaje, en un alarde más de ilegalidad, llevaba a su propio hijo como testigo de las actuaciones. Sorprendido por la cantidad de familias que viven allí, el jefe del operativo, comisario Rubén García, ordenó que se releve lo que había en el lugar, y prometió que al día siguiente un médico iría al paraje a revisar a todas las personas con problemas de salud, ya que en la comunidad hay ancianos, niños y adultos con discapacidades, algunas congénitas y otras fruto de accidentes de trabajo, problemas coronarios, y embarazadas”, señalaron los dirigentes.

La autoridad policial se comprometió a presentar este relevamiento a la jueza de Instrucción que tiene su cargo el caso, ya que según informaron los pobladores, la magistrada no cuenta con esa información en el Juzgado. Los policías indicaron: “nos mandaron a desalojar a siete intrusos que permanecían en carpas”.

Las 45 familias son hostigadas permanentemente
Desde las organizaciones sociales manifestaron que “al parecer la Justicia no está dispuesta a no poner fin a la larga historia de sufrimiento de estas 45 familias que tuvieron el primer desalojo en 2011, cuando comenzaron las denuncias de la Empresa Robicué SA, que jamás tuvo presencia en el lugar. La única vez que apareció fue a través de una tercera empresa que taló y se llevó toda la madera comercializable, sin que las familias se opusieran por temor a sus amenazas y para no tener problemas. Y la empresa los denuncia sistemáticamente por robo de madera. Hasta lograron traer durante 2016 una inspección del Ministerio de Ecología para criminalizar a los pobladores, inspección que pudo comprobar que no hubo corte de maderas para la venta por parte de las familias, mucho menos de maderas protegidas”, remarcaron.
El dirigente del MNCI, Jorge Páez, junto al diputado Martín Sereno recordaron que el 23 de diciembre de 2014, esta empresa representada por Ribeiro, utilizando a la fuerza policial, realizó otro desalojo, “golpeando a quienes no se resignaban a ver su trabajo y su vida arruinados, quemando las viviendas de madera, robando los animales que pudieron, destruyeron las cosechas de alimentos, corrales, galpones, y quemaron las casas con todo lo que había dentro”, indicaron.

Robos y viviendas destruidas
Algunas familias se fueron del lugar; pero la mayoría volvió a intentar reconstruir sus vidas en el paraje porque no tienen adonde ir. La comunidad siguió trabajando con la esperanza de vivir dignamente en sus pequeñas chacras, hasta que en febrero de 2016 nuevamente soportaron un operativo de desalojo, que antes de que fuera ejecutado en su totalidad, fue suspendido por los desesperados ruegos de las familias, y con el apoyo de la Cotrum-MNCI y el PAyS. No obstante, muchas viviendas fueron destruidas y otras quemadas. La mayoría de las herramientas de trabajo fueron secuestradas, y posteriormente se recuperaron algunas. Personal de Ecología fue descubierto durante el operativo, robando choclos, entre otros alimentos, y herramientas de trabajo.
“Pero con la suspensión del desalojo no terminaron los padecimientos de la gente. En el transcurso de 2016, se vieron agredidas en varias oportunidades por matones, que desde los pinares lindantes, realizaban disparos de armas de fuego durante la noche hacia las viviendas familiares. Una casa fue incendiada, perdiendo todo lo que había adentro, incluyendo las herramientas de trabajo. 

Y suele ocurrir que cuando sacan para la venta su producción de maíz, mandioca, poroto o carbón, entre otros, son hostigados por estos siniestros personajes que merodean el lugar, diciéndole a los campesinos que no pueden vender la producción para su sustento familiar, porque eso está prohibido por la Justicia”, indicó Páez.

Lastimaron a los niños que por temor abandonaron la escuela
El Estado Provincial verificó la realidad de las familias, mediante visitas de la titular de la Subsecretaría de Tierras, y de personal del Ministerio de DDHH. Las familias denunciadas por usurpación, mostraron su sacrificado trabajo, sus plantaciones, sus animales, el aula que construyeron para la escuela, en un paraje que no cuenta con energía eléctrica ni tiene atención médica, con caminos en pésimas condiciones, y muchas otras dificultades.
Entre ellas, que Juan Ribeiro, además de presentarse a amenazar con desalojar a las familias, ingresa a las chacras sin pedir permiso, intimidando acompañado por personal policial, inventando denuncias que jamás puede comprobar; pero que significan
una agresión permanente. 

Algunas madres relatan que debieron sacar sus hijos de las escuelas cercanas, ya que “Riberio cruzó en el camino en reiteradas oportunidades a los niños que volvían de la escuela primaria para amenazarlos, incluso lastimando a algunos porque los obligaban a arrastrarse sobre ramas en el monte. Varios nos vimos obligados a dejar a nuestros niños con familiares que viven en los pueblos cercanos, para que no abandonen los estudios,y  por temor a que éstos matones puedan golpear e incluso abusar de ellos”, se quejan


Atropello a los derechos humanos

Todo lo que sucede con los campesinos del Paraje Sarandí, configura una situación de atropello a los derechos humanos más elementales, con una Justicia que se ocupa de apoyar el accionar mafioso de quienes se disfrazan de empresarios, a la vez que hace oídos sordos a los genuinos reclamos de las familias campesinas, negándose a recibir las denuncias que los pobladores intentaron realizar de todos estos delitos aberrantes.
Las familias tienen el reconocimiento e inscripción en el Registro de Poseedores de la Provincia, y solicitaron la suspensión de las medidas de desalojo, acogiéndose a la Ley XII Nº 32 de Suspensión de Desalojos, que hace lugar cuando se verifica una posesión única y destinada al sustento familiar. 

Por todo esto, los diputados del PAyS, y los dirigentes sociales y políticos exigen a la Justicia que “frenen urgente y definitivamente los atropellos a las familias del Paraje Sarandí 2 de Febrero, que prohíba el acercamiento de Juan Ribeiro y de cualquier otro enviado por la Empresa Robicué SA. Solicitamos a la Justicia el reconocimiento del amparo ante la Ley de Suspensión de Desalojos para las familias, y la consecuente acción del Estado Provincial para regularizar la situación de la tierra, por lo que proponemos la entrega de un título comunitario, o a una cooperativa integrada por las familias, para asegurar el destino futuro de estas tierras para la vida, el cuidado del monte y producción campesina”, expresaron desde el PAyS, el Movimiento Evita Misiones y el MNCI.

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