Primer amparo por jubilaciones caídas, está frenado por la feria judicial

POLÍTICA | jueves 26 de enero de 2017


El primer recurso de amparo presentado en Misiones, por el caso de una anciana de 89 años que quedó sin cobertura de salud del Pami y sin sus magros beneficios, se tramitó en diciembre en la Justicia Federal de Oberá, y pese a la urgencia y a la gravedad de la situación planteada, deberá esperar que termine la feria judicial de enero para su tratamiento.
La demanda busca reponer la jubilación de Elza Fitz, una abuela inmigrante que ingresó a la Argentina hace más de 50 años desde Brasil, que tramitó su residencia permanente hace más de cuatro décadas y que accedió a su jubilación mínima hace más de diez años, pese a lo cual la Anses puso en dudas su domicilio y le revocó el beneficio.
La abuela es parte del medio centenar de ancianos en su misma condición, todos ellos colonos asentados en chacras de distintos parajes y pueblos del interior, con escaso o nulo acceso a la tecnología y a las comunicaciones, y con carencias elementales agravadas por la caída de sus jubilaciones.
El abogado y presidente del Partido Agrario y Social (PAyS), Isaac Lenguaza, trabajó jurídicamente el recurso de amparo que espera tratamiento. “Junto con el amparo también solicitamos una medida cautelar que reponga de inmediato el beneficio previsional y sobre todo la cobertura del Pami, porque la abuela tiene un gasto mensual de medicamentos de dos mil pesos en promedio, y literalmente le están apagando la vida a la espera de que arreglen el error que cometieron”, explicó.
Los legisladores provinciales del PAyS, Cacho Bárbaro y Martín Sereno, ya habían visibilizado la situación de los abuelos inmigrantes en octubre del año pasado, luego de recibir los pedidos de auxilio del grupo de perjudicados. En una movilización frente a las oficinas de la Anses en Posadas, lograron que el propio delegado local admitiera que se cometieron errores en la tarea de fiscalización, y que terminaron pagando justos por pecadores.

“Se hizo de todo, el reclamo administrativo, el reclamo en la calle, cartas al presidente y al gobernador contando la situación de cada abuelo perjudicado, pero hasta ahora la Anses no se hace cargo de lo que está provocando”, indicó el diputado Sereno.

El amparo
La acción de amparo se interpuso a fines de diciembre en el Juzgado Federal de Oberá, ya que la abuela perjudicada vive en San Vicente, que corresponde a la misma jurisdicción.
En el escrito, que fue acompañado de todas las pruebas documentales y certificaciones oficiales, se señala que la abuela hizo los trámites de radicación permanente en el año 1974 “en este que ya consideraba mi país después de veinte años de residencia y desarrollo de mi humilde vida campesina, y obtuve mi DNI extranjero por el decreto N° 87/74 y disposición N° 50967. En dicho DNI costa mi domicilio de toda la vida en Alta Alicia, en la chacra del kilómetro 35”.

“En el año 2007, ya con 80 años cumplidos y más de 50 de residencia real y permanente en la Argentina, solicité acogerme al beneficio de la jubilación ordinaria por moratoria previsional (Ley 24476) según dice el expediente N° 024 27 9228839189721, que me fue otorgado”, refiere la presentación en el relato.
“Desde entonces, cada tres meses acredité mi “supervivencia” ante el Banco Nación Sucursal San Vicente y en la Anses con una certificación policial (requerida por la propia administración para todos los jubilados que cobran mediante apoderados) en la que siempre constó mi domicilio real del Km 1262 de la ruta 14. Lo hice aproximadamente desde 2010 en adelante, por lo que la Anses tenía y tiene a mano las constancias fehacientes sobre mi lugar de residencia. Sin embargo, la Administración se remitió a “verificar” en el domicilio del contador que me tramitó la jubilación diez años antes, sin siquiera tomarse el mínimo trabajo de visitarme en el domicilio declarado una y otra vez, cada tres meses, indefectiblemente”.

“Anses está cometiendo un daño irreparable”

El doctor Lenguaza consideró que el error de la Administración nacional de Seguridad Social y la situación a la que sometió a Elza Fitz, como al resto de los abuelos inmigrantes perjudicados, es grave “ya que pone en riesgo cierto la vida y la salud, además de afectar al patrimonio, aunque mínimo, de los abuelos”. También “avasalla derechos adquiridos y no les dieron un real derecho de defensa. De hecho es tan negligente el accionar de Anses, que la Resolución que revoca la jubilación metió la vida de la abuela, su historia, su pasado en nuestra tierra, todo en la misma bolsa de generalizaciones, supuestas irregularidades, ardides y maniobras fraudulentas, según la administración”, agregó..
El abogado señaló que mientras esperan la resolución judicial, “lo mínimo que puede hacer la Anses es disponer un equipo de empleados que hay de sobra en las oficinas, para que vengan a Misiones a verificar en serio en los domicilios reales de los abuelos. Ellos necesitan que los conozcan, que escuchen sus historias, que vean que son personas de carne y hueso, que hablen con los vecinos, que revisen los papeles; pero en las casas reales de cada uno para comprobar que están cometiendo un gravísimo daño irreparable si no reponen de inmediato las jubilaciones caídas, error que les va a pesar en las conciencias”, remarcó.