Pequeños productores en riesgo de perder sus tierras

AGRO, POLÍTICA | viernes 3 de noviembre de 2017


Secretarios y ministros de Derechos Humanos de la región NEA pidieron a los gobernadores una mediación para lograr la prórroga de un artículo de la Ley de Agricultura Familiar.

Este artículo prohíbe el desalojo de sus tierras a las familias agricultoras. Pero tiene vencimiento, y es el 20 de enero del 2018. Sin esta herramienta legal, miles de familias con aún no pudieron regularizar la titularización de sus tierras están expuestas a perder sus cultivos y años de trabajo.

Ante este escenario, los funcionario piden la prórroga de esa fecha. Y es en esta región, la del nordeste argentino donde más familias rurales tienen el problema de la falta de titulo de propiedad. “Pedimos que se prorrogue la ley de agricultura familiar porque sino quedarían expuestos a desalojos los colonos”, señaló la ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Marchesini.

En Misiones, se regularizó la tenencia de más de 70 mil familias en los últimos años, pero aún restan miles más.

La ley de Agricultura ayudó en 2015 a una familia de Jujuy.

A fines del año 2015, una jueza de Instrucción en lo Penal de la localidad jujeña de San Pedro aplicó por primera vez el artículo 18 de la ley 27.118 y dejó sin efecto el desalojo de una familia campesina en Palma Sola, Jujuy.

El 30 de septiembre, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy dejó firme el procesamiento a la familia campesina Paéz por el delito de usurpación y confirmó, de esa manera, una orden de desalojo dictada en julio del 2014 por una jueza de Instrucción.

Ante la inminencia del desalojo, la abogada de la familia, María José Castillo, recurrió a la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy e incorporó al expediente las novedades legales tanto a nivel nacional como provincial.

La SAF presentó ante el juzgado un informe con la ley 27.118 y el articulo 18 que suspende los desalojos, tras lo cual la jueza Ana Carolina Pérez Rojas hizo lugar al pedido de la abogada.

“El fallo es muy importante, crea jurisprudencia ante la gravedad institucional que significa que la gente de la tierra se quede sin tierra. El Estado debe suspender desalojos y brindar herramientas para que los productores puedan profundizar estrategias productivas en sus lugares”, dijo a Télam el subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la SAF, Ramiro Fresneda, en aquel entonces.