Impidieron el desalojo de familias del Prosol 1

POLÍTICA | jueves 30 de noviembre de 2017


En el barrio Prosol 1 de Posadas, hubo un intento de desalojo contra seis familias -con unos trece chicos y varios ancianos- asentadas en un terreno aparentemente de un propietario privado, la jueza Georgina López Liva dio la orden desconociendo que las familias están censadas a través del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (ReNaBap), cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar y están amparadas por el Decreto presidencial 358/17.
El diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, junto con la abogada Ramona Gómez, que integra el equipo de trabajo del bloque del PAyS, y la organización social Barrios de Pie, junto a otros militantes, acudieron al lugar, y haciendo valer el documento que constituye el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBap, solicitaron a la jueza Liva que teniendo que hay sentencia firme y considerando la situación de las familias, otorgue un tiempo más; la magistrada accedió  y lograron impedir el desalojo. También se hizo presente el equipo jurídico del Ministerio de Derechos Humanos.

“Hace años que estamos acá y solo pedimos un lugar para vivir”
Los vecinos señalaron muy preocupados que la policía llegó de golpe y los sorprendió con la orden desalojo, porque “a nosotros nadie nos avisó nada con una documentación, y no tenemos otro lugar para vivir; varias veces pedimos ayuda a la Municipalidad de Posadas y no tuvimos respuesta. Hace muchos años que vivimos acá y recién hace dos y medio que se presentó un supuesto dueño. 

Pedimos es que si no es en éste lugar que nos consigan en otro barrio para proteger a nuestras familias. Agradecemos al diputado y a los abogados que se acercaron junto a los militantes de organizaciones sociales para bancarnos y frenaron el desalojo”, manifestaron Hugo Suárez y Marisa Isabel Villalba, que están censados por el Renabap.

El diputado Martín Sereno

Familias amparadas por un Decreto Presidencial 
“Se trata de un caso que tiene bastante años de  antigüedad y la causa se tramita en el Juzgado Civil 3 de la jueza Georgina López Liva, que aparentemente desconocía que esas seis familias que viven en el terreno del barrio Prosol, que tiene unos 42 metros por 20, fueron censadas por los militantes de la Confederación  de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie, a través del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, por lo tanto cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar, y están amparadas por el Decreto presidencial 358/17”, explica el diputado Sereno.
Destacó que “es injusto por donde se lo mire, teniendo en cuenta que es toda gente trabajadora y algunas de las familias llevan 15 años viviendo en ese asentamiento, y las otras hace ocho años que viven ahí”..

Agregó que además “la única persona que habría sido notificada es analfabeta, una barbaridad! Finalmente logramos que se suspenda el desalojo, y se retire la cantidad de policías que llegaron al barrio, dispuestos a ejecutar la orden judicial. Ahora habrá que ver como sigue la causa. Lo increíble es que el propio Estado misionero reconoce un déficit habitacional de más de 100.000 viviendas, y sin embargo, no sé con qué autoridad moral pueden ejecutar desalojos de familias vulnerables”, remarcó el legislador.

 

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