Diputada Duarte repudia la aplicación del “2×1” que beneficia a represores

DENUNCIA | jueves 4 de mayo de 2017


“El Gobierno envió al Congreso un proyecto para que quienes cometan delitos graves cumplan sus penas completas. En cambio, los que secuestraron, desaparecieron, asesinaron y se robaron niños como parte de un régimen que aplicó el terrorismo de Estado pueden ser beneficiados por el 2×1 y salir antes de prisión”, dice la legisladora.

La diputada Myriam Duarte presentó un Proyecto de Declaración para que la Cámara de Representantes de Misiones declare su repudio al fallo de la Corte Suprema de la Nación del 3 de mayo, que beneficia al represor Luis Muiña al aplicarle la reducción del 2×1 de la pena, “sentando un precedente que da por tierra con todos los años de avance en materia de derechos humanos en nuestro país” y que es ejemplo en el mundo entero.

Muiña está acusado del secuestro y torturas de 22 trabajadores del Hospital Posadas y de la desaparición de seis de ellos el 28 de marzo de 1976.

En los fundamentos, Duarte recuerda que la experiencia argentina en el proceso de juicio a los responsables de la última dictadura se consideró única en el mundo sobre todo, por el carácter “nacional” de los procesos llevados a cabo por jueces de su territorio, “con normas internas, enmarcadas a su vez en códigos internacionales con las garantías del debido proceso. Este fue el único caso en la historia de América Latina en que las principales autoridades de un Gobierno durante el cual se perpetraron crímenes contra la humanidad fueron llevadas ante la Justicia para rendir cuentas”.

Ese tiempo de Memoria, Verdad y Justicia vino a restañar las heridas abiertas que dejó la dictadura. La derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió poner ante los tribunales a los responsables de la más cruel represión, que secuestraron y torturaron de las más perversas formas posibles a mujeres, hombres y niños, asesinando a otro tanto y robando a los hijos de las mujeres que secuestraban y torturaban, actos que se realizaron desde el Estado y que con delitos de lesa humanidad, que no prescriben y no son excarcelables.

La Argentina impune

Pero este miércoles 3 de mayo fue el día de restitución de la impunidad en Argentina, dice: la Ley 24.390, conocida como “del dos por uno”, se sancionó en 1994 y se derogó en 2001. Aplicaba para una persona presa por más de dos años, sin condena, a quien se le computaría cada día de prisión preventiva como doble. “tanto su aplicación como el desistimiento de hacerlo fueron parches a la problemática de la seguridad. Pero mientras esa ley estaba vigente, el represor Luis Muiña, un civil que formaba parte de la patota que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, beneficiado con el fallo que firmó ayer la Corte Suprema, no estaba detenido. Ni podía estarlo. Ni él ni ningún otro torturador o secuestrador de la última dictadura. Porque en ese momento estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”.

El represor Muiña “fue condenado en 2011 por el secuestro y desaparición de trabajadores del Hospital Posadas y debía salir de la cárcel hasta el 2014, pero la verdad es que ni siquiera estaba preso. El año pasado, el mismo tribunal que lo condenó, le otorgó la libertad condicional. El fallo fue dividido. A favor votaron Elena Higthon, y Rosencratz y Rosatti, los dos jueces propuestos por Mauricio Macri. En contra, Lorenzetti (el presidente de la Corte) y Maqueda”.

En ese sentido, la diputada Duarte adhiere al planteo disidente donde Lorenzetti explica que la ley 24.390 no surgió porque se reprobaran los delitos de lesa humanidad sino que fue un mecanismo para limitar la prisión preventiva: fue una medida procesal, pensada para causas en trámite, que no era el caso de Muiña quien como otros represores, pudo gozar de una larga temporada de impunidad y fue juzgado mucho después”.

Junto con Maqueda, comparte otro razonamiento: al tratarse de delitos permanentes, no es que durante su consumación rigieron dos leyes penales sino que coexistieron. Se debe aplicar, dicen, la última, que es la que derogó a la del “2 x 1”.

Ambos jueces disidentes recuerdan también que el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos obliga a los estados parte “a perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”.

Un cálculo aritmético aplicado en un caso que no corresponde, atenta contra ese deber de sanción apropiada, señalan. Además, recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso implicaría una suerte de conmutación de la pena.

 

Atemporalidad de las normas

“¿Cómo puede ser posible que quienes fueron juzgados, muchos años después puedan favorecerse de una ley derogada 16 años antes de este fallo y 10 antes de su condena?. Es decir que cuando cometieron los delitos más graves de toda la historia del país, la ley del 2×1 no existía y cuando fueron juzgados, tampoco. “Es más: a la fecha de esa Ley ni la desaparición forzada existía como delito en el código penal. La respuesta a esto no tiene explicación técnica, solo política”, denuncia la legisladora misionera.

En ese sentido sostiene que el fallo favorable utiliza recursos que resultan absurdos, forzados. “Siguiendo esa línea argumental se podría sostener que los presos juzgados y condenados por delitos posteriores a la derogación ven afectado su derecho a la igualdad. Nadie imaginaba que la voluntad de un Gobierno lograría dar vuelta la historia, terminar con la derogación del indulto, obediencia debida y punto final. Nada de legal ni de legítimo tiene este fallo”.

El fallo de Rosatti, Rosenkrantz y Highton debe aplicarse en principio a Muiña, un represor poco conocido que ya tenía libertad condicional. “El caso parece haber sido elegido con cuidado. Tal vez los jueces no quisieron pagar el costo de firmar el documento que liberaría a Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta o a Miguel Etchecolatz. Pero es lo que hicieron. Porque ése será el efecto de la decisión tomada ayer. Con ese criterio, el dictador Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre el día de la sentencia por el plan sistemático de apropiación de niños. La Corte les dio así el peor retroceso en materia de derechos humanos de los últimos años”.

 

Con el aval de Macri

La legisladora misionera entiende que la actitud de la Corte tiene clara consonancia con el discurso y los actos de un poder político “que el mismo 24 de marzo posó con mensajes miserables: “Nunca más a los negocios con los derechos humanos”, “Nunca más a la interrupción del orden democrático”. Cuánto eufemismo, cuánto miedo a las palabras para no condenar el terrorismo de Estado ni el genocidio, para no llamarlos por su nombre. Sin duda el triunfo de Macri envalentonó a los negacionistas de los crímenes de la dictadura. Volvieron a discutir cifras de desaparecidos, a decir que hubo una “guerra sucia” y a promover la “teoría de los dos demonios”. En este momento los juicios están frenados, los avances son mínimos y hay temor de que muchos queden paralizados por completo. No es extraño con un presidente que no sabe ni le importa el número de desaparecidos durante la dictadura. También dijo que había sido una “guerra sucia”, pese a que la justicia determinó que aquí hubo un genocidio, que los represores ejercieron terrorismo de Estado y que sus crímenes son de lesa humanidad, o sea que no prescriben”, señaló.

 

Las paradojas del Gobierno

“En lo relativo a Derechos Humanos nos encontramos en un momento de paradojas y hasta discriminatorio. El Gobierno envió al Congreso un proyecto para que quienes cometan delitos graves (robos con armas, homicidio y abuso sexual) cumplan sus penas completas. En cambio, los que secuestraron, desaparecieron, asesinaron y se robaron niños como parte de un régimen que aplicó el terrorismo de Estado pueden ser beneficiados por el 2×1 y salir antes de prisión”, reflexiona la diputada Duarte.

La semana pasada Etchecolatz –recordó-, “uno de los personajes más tenebrosos de la dictadura, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Seguirá en la cárcel sólo porque todavía hay procesos en su contra, pero ahora es posible que en cualquier momento lo envíen a la comodidad de su hogar. Todo ello mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclama la libertad de Milagros Sala y demás presos políticos. Nuevamente tenemos un Gobierno que no puede evitar las críticas, porque el retroceso en las políticas de derechos humanos ya es más que escandaloso”.

Considera también como lamentable “la declaración del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien después de haber insistido sistemáticamente en que no había intención ni posibilidad de retroceso en materia de derechos humanos ligados a la última dictadura, hoy avala el fallo tenebroso de la corte disfrazando su discurso de un perverso republicanismo basado en el respeto al fallo de la corte, pero sin reparar en la improcedencia de la normativa aplicada, la que da por tierra con cualquier actitud de respeto a las instituciones”, dice.

Y entiende que esta decisión de la Corte y la acompañamiento del Gobierno es una señal de impunidad hacia el pasado peor también hacia el futuro, “en un marco de recrudecimiento de la represión a la protesta social, de empobrecimiento sistemático de la población, y de refuerzo de las fuerzas represivas con la ilegal e impúdica compra de armas realizada por el ejecutivo nacional”.

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