Brasil limita gasto público para los próximos 20 años, con impacto directo en los sectores más vulnerables

INTERNACIONALES | miércoles 14 de diciembre de 2016


Brasil dio este martes luz verde al ajuste fiscal más severo de su historia reciente: desde que se aprobó su actual constitución, en 1988, no se había visto una medida tan contundente como la que se hasta ahora se conocía como la PEC 55; el objeto de las manifestaciones en las últimas semanas y el proyecto estrella del Gobierno de Michel Temer: la reforma que rebaja dramáticamente el techo de los gastos públicos durante los próximos 20 años.

 

Esta enmienda a la constitución fue aprobada por el Senado por 53 votos -solo cuatro más de los mínimamente requeridos para alterar la carta magna- y 16 en contra, tras un proceso de más de mes y medio de pasos en falso y polémicas.

A partir del año que viene, las inversiones públicas quedarán limitadas durante cinco legislaturas: solo se podrán aumentar los gastos lo que aumente la inflación. La considerable administración brasileña no podrá ni subir el sueldo a sus trabajadores, ni contratar funcionarios nuevos ni conceder incentivos fiscales. En las dos áreas más sensibles, educación y sanidad, este límite solo entrará en vigor en 2018, pero no por ello deja de suponer un cambio existencial en la Administración brasileña. Hasta ahora, su Constitución establecía un piso de gastos en estas materias, no un techo.

 

Impacto social

 

La nueva norma comenzará a aplicarse a partir de 2017. En el caso de las áreas de salud y educación, los cambios sólo valdrían después del 2018 cuando Temer ya no estará en la presidencia.

El pasado viernes, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la Organización de Derechos Humanos (ONU), Phillip Alston, manifestó que esta propuesta representa “una medida radical, desprovista de cualquier matiz y compasión. Afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables (…) Para Brasil los derechos sociales no serán la prioridad a lo largo de los próximos 20 años”, reprobó.

La PEC 55 ha sido rechazada por diversos movimientos sociales y sindicatos, pero también por otros sectores de la sociedad brasileña.

 

Rechazo de  economistas brasileños

 

Economistas brasileños presentaron el estudio Austeridad y retroceso, en el que cuestionan la PEC. y señalan alguna de las consecuencias que traerá para la población y la economía del gigante suramericano.

– No propiciará crecimiento económico.

– Afectará programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables de la población, como son la salud y la educación. Los detractores aseguran que, históricamente, los gastos en educación y salud crecen cada año por encima de la inflación.

– En el fondo lo que trae es otro proyecto de nación diferente al establecido en la Constitución de 1988.

– Agravará la crisis económica.

– Debilitará el mercado interno.

– Constituye una “medida perversa que no va a equilibrar las cuentas del Estado brasileño, como alega el Gobierno.

– Tendrá como consecuencia el desmonte del Estado brasileño.

 

La PEC afectará a los ciudadanos más pobres

 

En un país como Brasil, las limitaciones sociales afectan especialmente a las personas de clase media baja o baja, lo cual se debe a que los ciudadanos más pobres son también los más dependientes del sistema público de salud y educación y, por tanto, los más perjudicados.

Así lo ha denunciado la Asociación Brasileña de Salud Pública que, a través de una carta abierta, criticó a la PEC al afirmar que la propuesta deterioraría el Sistema Único de Salud, utilizado principalmente por la población con pocos recursos.

Además, los programas sociales también se verán afectados. La medida perjudicará le alcance y la calidad de los servicios públicos en un país en desarrollo, que trata de alcanzar la universidad en la educación.

La Constitución establece que 18 por ciento y 13,7 por ciento de la recaudación fiscal anual de Brasil debe ser destinada al presupuesto de educación y salud, respectivamente. Esto se anularía si la PEC 55 es aprobada.

 

El salario mínimo no subirá

 

El salario mínimo no podría sufrir modificaciones en los próximos 20 años, manteniendo el valor actual de los 880 reales (275 dólares) mensuales.

Hasta ahora, el salario se ha calculado sumando el porcentaje de la inflación al del crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB), pero si se aprueba esta reforma, el salario mínimo no podrá subir “bajo ningún concepto” por encima de lo que marque la inflación.

¿Qué sucederá si no se cumple el techo de gastos?

De no cumplirse el techo de gastos, el Gobierno ha advertido de que podría vetar los concursos públicos, así como la creación de empleo y la contratación de personal. Con estas consecuencias, la Presidencia pretende ‘blindar’ la medida de tal manera que su autoridad tenga más peso que la Ley de

 

Responsabilidad Fiscal.

 

Contra los intereses del pueblo, opinan Senadores

Lindberg Farías, senador del Partido de los Trabajadores (PT) denunció que la PEC 55 significa la privatización del Estado, y lo considera un golpe para retirar los derechos de los trabajadores.

Paulo Paim, también senador del PT, pidió al Senado no actuar en contra de los intereses del pueblo. Indicó que según la encuesta realizada por la Agencia Senado, 342 mil 959 de los brasileños se opone a la PEC 55, mientras que 23 mil 307 la apoyan.

Paim advirtió además que según las Naciones Unidas, entre 2015 y 2030 la población de Brasil aumentará en 21 millones de personas. “Si se limitan los gastos públicos en los próximo 20 años, hasta 2036, ¿cómo podrá darse a la población más educación y más salud con menos recursos?; ¿si no habrá inversiones del Estado, cómo se podrán generar más empleos?”, dijo.

El senador del Partido Socialista Brasileño (PSB), Joao Capiberibe, aseguró que la limitación del gasto público profundizará la recesión y no estimulará al sector productivo. Alertó que el único beneficiario será el sector financiero.

Senado ocultó informe jurídico que demuestra que PEC 55 es inconstitucional

La Consultoría Jurídica del Senado de Brasil concluyó a inicios de noviembre que la propuesta de enmienda que congela el presupuesto público por 20 años es inconstitucional.

El Centro de Estudios e Investigación de Asesoramiento Legislativo produjo un libro blanco que fue firmado por Ronaldo Jorge Araujo Vieira Junior, consultor legislativo para el Senado en el ámbito del derecho constitucional, administrativo, electoral y de partidos, que ya se encuentra disponible en la página web del Senado.

Sin embargo, la Comunicación del Senado decidió no publicar el informe del estudio por la Agencia Senado, al igual que en otras ocasiones.

El estudio concluyó que “la PEC 55, 2016, tiende a suprimir las cláusulas de afianzamiento en las secciones II, III y IV del § 4 del art. 60 de la Constitución Federal, que se refieren, respectivamente, al voto directo, secreto, universal y periódico”.

 

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